lunes, 02 de agosto de 2021

No se ha suspendido la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia en 2020

Comunicado del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante una información publicada en un digital nacional

@sueldospublicos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) afirma que “no se ha suspendido la evaluación del cumplimiento de la Ley de transparencia durante el año 2020. Todo lo contrario, se ha reforzado, incluyendo a más sujetos obligados y, además, se ha potenciado su publicidad, publicando los resultados de las evaluaciones con carácter inmediato en la web de Consejo a medida que se van concluyendo las de cada grupo”.


En un comunicado publicado este lunes, el CTBG ha desmentido una información de El Independiente que aseguraba que este órgano fiscalizador “había eludido evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de la Administración General del Estado durante 2020”, en plena pandemia de Covid-19.


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Para el CTBG, lo único que se ha suspendido, por un año, es la publicación de las evaluaciones en la Memoria de Actividades, en concreto en la de 2020. Y se hizo precisamente para poder anticipar la publicación de la Memoria y, a la vez, ir publicando las evaluaciones en la web a medida que se van realizando y conferirles así mayor valor para los interesados, pues ahora las tienen disponibles con inmediatez, sin tener que esperar al final del año. De hecho, ya se han completado las evaluaciones de los órganos constitucionales y de las autoridades administrativas independientes correspondientes al año 2020 y están disponibles en la web y en los próximos días se publicará la correspondiente al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, explican.


Desde el Consejo señalan que es preciso tener en cuenta que las evaluaciones se hacen a año vencido. La ley exige que se evalúe el cumplimiento anual, por lo que desde el primer momento en el Consejo se ha venido entendiendo que para realizar las evaluaciones se debía esperar a que terminase el año. Como consecuencia de ello, las evaluaciones se han realizado siempre a lo largo del año siguiente y, hasta ahora, se publicaban por primera vez en la memoria anual de actividades, la cual, a su vez, debía retrasar su publicación hasta que estuvieran completados todos los procesos de evaluación, con lo que nunca se publicaba antes del mes de noviembre o diciembre del año posterior. Así, por ejemplo, la evaluación del cumplimiento del año 2019 se hizo a lo largo del año 2020 y vio la luz en la Memoria 2019, que se publicó en diciembre de 2020.


Esta fórmula generaba un doble desfase: por un lado, se retrasaba mucho la publicación de la Memoria de Actividades de la institución (hasta finales del año siguiente) y por otro, se alejaba considerablemente la publicación de las evaluaciones en relación con el momento en el que se realizaron, con la correspondiente pérdida de valor e interés, tanto para los sujetos obligados como para los medios de comunicación, los interesados y la ciudadanía en general.


De ahí que se haya decidido cambiar el régimen de publicación de las evaluaciones. Con el nuevo planteamiento, que ya se explicó con detalle el Plan de Evaluación 2021 publicado en el mes de enero se busca reducir al mínimo imprescindible ese desfase. A partir de este año 2021, la Memoria de actividades se publicará a finales del primer trimestre del año siguiente y las evaluaciones se irán publicando por grupos según se van concluyendo y, al final del año, se elabora un resumen que se incorpora a la Memoria.


Lógicamente para implantar el nuevo sistema, la Memoria de Actividades del año 2020, si se adelante la fecha de publicación, como se ha hecho, a finales de marzo de 2021, no puede recoger las evaluaciones correspondientes al año 2020 (que, recordemos, se realizan a lo largo del 2021), porque entonces habría que esperar a finales de año. De ahí que se haya tenido que prescindir de incluirlas en el documento de la Memoria de actividades 2020.


Pero ello no significa que se hayan suspendido las evaluaciones. Todo lo contrario, como se ha indicado. Se han potenciado notablemente como se puede comprobar en el Plan y ha indicado, se están publicando con carácter inmediato en la web. De este modo, los resultados se dan a conocer mucho antes de lo que venía siendo habitual en el pasado. A diferencia de lo que sucedió con la evaluación del año 2019, que se hizo durante el año 2020 y se publicó a finales de 2020 en la Memoria de Actividades de 2019, la evaluación del año 2020 se está realizando durante el 2021 y se va publicando por grupos de sujetos obligados a medida que se va concluyendo. Y, por otro lado, la Memoria de actividades de 2020 se ha publicado a finales del primer trimestre de 2021 en lugar de a finales del año siguiente como se venía haciendo.


En ambos casos, se ha logrado una considerable ganancia en la inmediatez con la que se presentan los resultados, con lo que entendemos que cumplimos mejor nuestra función de supervisar el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG) y de rendir cuentas de nuestras actividades. El Consejo finaliza su comunicado lamentando “profundamente que, una vez más, se publiquen informaciones sin contrastar y se altere la realidad con la única finalidad aparente de dañar a la institución”.


Plantilla y retribuciones

En diciembre de 2019, este digital ya advirtió la falta de recursos del ente. Entonces tenían a 22 personas en nómina pese al incremento de la carga de trabajo desde 2015. Toda la plantilla del Consejo está formada por funcionarios de carrera. “No hay personal eventual ni personal externo”. Cabe recordar que el actual presidente del CTBG es José Luis Rodríguez Álvarez y percibió un sueldo público de 110.688 euros brutos en 2020, sin incluir los trienios de antigüedad.


Por su parte, el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno ingresó 92.185 euros, incluidos 12 trienios; la subdirectora general de Reclamaciones, 85.892 euros, con cuatro trienios; el vocal asesor, 93.539 euros, con 14 trienios; la directora de la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales, 86.859 euros, con seis trienios; y la jefa de la Unidad de Apoyo, 81.443 euros, incluidos cuatro trienios. Todas estas remuneraciones superan lo que cobra un ministro, 74.858 euros en 2020 y también en 2021. Algunas superan lo que percibe el presidente del Gobierno: 84.845 euros.

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