jueves, 02 de diciembre de 2021

​España tiene un riesgo moderado de corrupción en las áreas de defensa y seguridad, según Transparencia Internacional

Resultados del Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental (IDG)

@sueldospublicos

El Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental (IDG) o Governance Defense Index (GDI por sus siglas en inglés) 2020, publicado este martes por Transparencia Internacional Transparency International (TI), revela que un 62% de los países tienen un alto riesgo de corrupción en defensa y seguridad. En esta edición se han evaluado y puntuado 86 países en cinco áreas de riesgo: financiera, operativa, de personal, política y de adquisiciones, asignando una puntuación global a través de una escala del 0 al 100 que evalúa el riesgo de corrupción –desde riesgo crítico (puntuación de 0 a 16) a riesgo muy bajo (puntuación del 83 al 100)–.


En este sentido, la organización ha explicado en un comunicado que los países que obtienen una mala puntuación en el IDG, es porque tienen sistemas frágiles y débiles de prevención de la corrupción en el sector de la defensa, y son más propensos a sufrir conflictos, inestabilidad y abusos de los derechos humanos.


Transparencia Internacional


En el caso de España, se ha obtenido una puntuación a nivel general de 52/100, lo que significa que tiene –de acuerdo con esta escala– un riesgo moderado de corrupción. En dos de las cinco áreas analizadas, España presenta bajos riesgos de corrupción y recursos sólidos, presentándose en una posición líder; estas son: finanzas en defensa (81/100) y gestión del personal de defensa (68/100). Por su parte, las áreas de contrataciones en defensas y formulación de políticas de defensa y asuntos públicos se encuentran expuestas a un riesgo moderado en contra de la corrupción, con una puntuación de 44/100 y 55/100 respectivamente.


Es el área de las operaciones militares la que se encuentra expuesta a un riesgo crítico de corrupción, con una puntuación de 10/100, así como whistleblowing (canales de denuncias y protección de alertadores) y formación en anticorrupción, con una puntuación de 25 cada una; clara evidencia nuevamente de la necesidad de una transposición plena y horizontal de la Directiva 2019/1937 y cuya fecha límite de transposición se encuentra ya muy cercana (17 de diciembre de 2021).


Casi todos los países han obtenido en este Índice porcentajes muy bajos en el área de riesgo de las operaciones militares. Esto puede ser altamente alarmante, especialmente para aquellos países que se enfrentan a amenazas internas, pero también para los gobiernos que participan en intervenciones internacionales a través de organizaciones regionales e internacionales.


Esta situación resulta totalmente preocupante pues impacta directamente en la seguridad de los ciudadanos. Por esto mismo, los gobiernos de estos países deben reforzar sus recursos contra la corrupción, con miras a poner fin a la misma y sus efectos nocivos en la población civil.


Índice de Empresas de Defensa 2020

En febrero de 2021, Transparencia Internacional publicó el Índice de Empresas de Defensa 2020 ((DCI – Defence Companies Index 2020), que revelaba que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo no poseen medidas suficientes para prevenir la corrupción o muestran poco o ningún compromiso para combatirla. El análisis de los resultados arroja que la mayoría de las empresas obtienen las puntuaciones más bajas en las áreas comerciales, expuestas a mayores riesgos de corrupción.


El DCI es el único índice global que analiza el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en las 134 empresas de defensa más grandes del mundo. Para realizar este análisis, se toma la información disponible públicamente para evaluar la calidad, el alcance y la disponibilidad de las políticas y los procedimientos contra el soborno y la corrupción en 10 áreas clave en las que un mayor compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia de la información podría reducir los riesgos de corrupción en la industria de defensa. A su vez, este índice se estructura en 6 niveles de compromiso y cumplimiento: A (muy alto, solamente con 2 empresas), B (alto, con 14 empresas), C (moderado, con 21 empresas), D (limitado, con 23 empresas), E (bajo, con 31 empresas) y F (muy bajo, con 43 empresas).


En el caso de España, las empresas Indra (55 puntos/110) y Navantia (61 puntos/110) demuestran un compromiso moderado (ambas, con clasificación “C”) de transparencia y prevención de la corrupción. Esta situación demuestra un esfuerzo significativo en comparación con el número total de las empresas evaluadas, pero refleja que todavía es necesario seguir trabajando enormemente hacia el fortalecimiento de los programas anticorrupción y de cumplimiento. 


Además, se necesita mejorar los protocolos de prevención de sobornos a funcionarios extranjeros y en el establecimiento de canales de denuncia eficaces, seguros y plenamente adaptados tanto a las exigencias derivadas de la Directiva 2019/1937 como a las buenas prácticas internacionales, pues toda mejora y correcta implementación de los estándares anticorrupción fortalecen la protección de todos los empleados y directivos de la empresa.


El Código Penal y la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha contribuido a que las empresas españolas hayan hecho muchos avances, pero los resultados del índice ponen de manifiesto que es necesario adoptar un marco de integridad más allá del cumplimiento (integrity beyond compliance), un enfoque que estamos desarrollando con nuestras empresas miembro desde el Foro de Integridad Corporativa.


El estudio constata que muchas empresas no reconocen públicamente que enfrentan mayores riesgos al hacer negocios en mercados propensos a la corrupción ni tienen medidas para identificar y mitigar estos riesgos. En general, no se demuestran medidas suficientes para prevenir la corrupción en compensaciones económicas (offsets) incorporadas a los contratos de defensa y la mayoría no implementa medidas adecuadas para contrarrestar el alto riesgo de soborno asociado con el uso de agentes e intermediarios para negociar acuerdos en su nombre.

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