Ahora que los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo para repartir, a partes iguales, cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, Sueldos Públicos repasa las retribuciones de los altos cargos de esta institución.
Antes te ponemos en antecedentes: ‘populares’ y socialistas han aprobado en la Comisión de Nombramientos del Senado que dos de los magistrados que hay que elegir coincidan con la propuesta del PP y los otros dos, con la del PSOE. Los conservadores proponen a Ricardo Enríquez, que ya está en el TC, y Alfredo Montoya. Por el contrario, el PSOE ‘apuesta’ por Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
En este acuerdo/reparto del pastel entre amigos, se ha quedado fuera la elección del presidente del Tribunal Constitucional. El reglamento dice que lo elegirán los magistrados, pero el PP ya ha deslizado su preferencia, según fuentes parlamentarias que cita el diario El Mundo: Andrés Ollero, que ha sido diputado en el Congreso durante 17 años. Nacionalistas vascos y catalanes no han querido participar, en esta ocasión, del cambalache. Por su parte, Podemos y Ciudadanos se niegan a jugar en el ‘reparto de cromos’, como señala Albert Rivera.
Actualmente, los sueldos públicos de los miembros del Tribunal Constitucional son los fijados en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que se han prorrogado este año. Todos son funcionarios del Estado con carreras judiciales contrastadas, pero cuyo nombramiento para estos puestos depende de las mayorías parlamentarias de cada legislatura. Y esta circunstancia es la que rechazan los nuevos partidos políticos ya que su elección mina uno de las bases del sistema democrático: la separación de poderes y el sistema de contrapesos.
Es decir, no es muy higiénico plantear que un diputado del PP, que ha ‘calentado’ durante 17 años el escaño, presida un órgano que ha de velar por la correcta interpretación y cumplimiento del texto jurídico y político más importante del Reino de España en la actualidad: La Constitución del 78. Y eso, por muy brillante que sea su trayectoria en la judicatura o los peligros del desafío soberanista. Y más si cabe, teniendo en cuenta la cantidad de casos por corrupción de su partido que colapsan los juzgados en nuestro país.
Las personas que ocupan estos puestos cobran 14 mensualidades de ‘sueldo’ al año y 12 mensualidades de ‘otras remuneraciones’. Puedes comprobarlo en la página 31 y 32 del BOE de 30 de octubre de 2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Es un documento de 238 páginas.
Captura de pantalla de los PGE de 2016, prorrogados.
Imagen: Sol del Sur de Tenerife. Edificio sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
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