Estiman que crecerá un 0,5% en 2013

Las grandes empresas españolas creen que el país tocará fondo este año

Consideran “viable” cumplir con el objetivo de déficit y afirma que es “elevado” el margen para aumentar ingresos públicos. Alertan del impacto de una posible subida del IVA.

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El Consejo Empresarial para la Competitividad, lobby de grandes empresas, estima que la economía española “tocará fondo” a finales de este 2012, ejercicio en que caerá un 1,4%, y que comenzará a recuperarse en 2013, cuando crecerá un 0,5% en el conjunto del año. Además, la organización descarta “claramente” un rescate de España.

Así lo explicaron el presidente del Consejo, César Alierta y el director del mismo, Fernando Casado, durante la presentación del Informe “Crecimiento y sostenibilidad de la economía española” en la sede de Telefónica en Madrid.

Alierta aseguró que la situación de la economía española “es muchísimo mejor de lo que vemos en foros internacionales o de nuestro propio país”, y quiso dejar claro que “España es un país muy solvente tanto el sector privado como el público”.

“España es un país, se mire por donde se mire, muy competitivo”, dijo el presidente de Telefónica, quien agregó que con las medidas tomadas por el Gobierno “han sentado las bases para una recuperación”.

Así, defendió que la recuperación será “relativamente rápida y mucho antes de lo que oímos en foros ajenos a nuestro país”.

Sobre la reforma laboral, el informe recoge que podría llegar a generar 700.000 empleos, y que a medio plazo la tasa de paro en España se podría situar a medio plazo en el 17,4%.

Respecto a la deuda externa exigible, subrayaron que ésta se sitúa en el 42% del PIB, un ratio “sostenible, controlado, respaldado por activos y con tendencia a la baja”.

Por su parte, Casado indicó que el ajuste fiscal que está acometiendo la economía española es “viable”, y que en 2013 se podría alcanzar un déficit público del 3% del PIB.

El total de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo en 2013 ascendería a 84.500 millones de euros, de los cuales 59.500 millones habría que hacerlo ya en el presente ejercicio. Las medidas anunciadas hasta ahora suman 66.344 millones de euros, indicaron desde el Consejo.

Para la organización, las medidas anunciadas y los márgenes existentes “hacen creíble” el cumplimiento, si bien el Estado cumplirá de manera “holgada” y a las comunidades autónomas les costará un poco más.

El lobby recuerda que España tiene unos niveles de presión impositiva de los menores con relación a la de los países que se han visto inmersos en los ajustes, “por lo que el margen de maniobra para aumentar ingresos públicos es elevado”.

Además, indica que el Estado podría vender activos inmobiliarios “sin ningún problema” por valor de 10.000 millones de euros.

Respecto a una posible subida del IVA, desde el Consejo indicaron que en las previsiones no se ha contemplado, pero explicaron que 1 punto de subida del IVA puede suponer un impacto de entre 3.000 y 4.000 millones de euros, en función del momento del ciclo.

Sobre el sistema financiero, el Consejo expone que la última reforma aprobada supone un “paso decisivo” en la recuperación de la confianza sobre el sector financiero español y “elimina completamente las dudas que pudiera haber sobre la necesidad de provisiones de la cartera inmobiliaria”.

Una vez aplicado este nuevo decreto, el sector bancario habrá acumulado provisiones y saneamientos por valor de 200.000 millones de euros desde el inicio de la crisis.

Además, el saneamiento financiero, según el lobby, “no tendrá un impacto significativo” en el stock de deuda pública, si bien advirtieron de que hay que evaluar “rigurosamente” los planes de las entidades y dar incentivos para que se aprueben “sólo” fusiones que tengan sentido económico y no político.

Subrayaron además la importancia de actuar “con rapidez” sobre aquellas entidades no solventes “para despejar cuanto antes las dudas”, y citan como ejemplo la actuación del Estado en Bankia.

Desde el Consejo apuntaron también que hay que iniciar cuanto antes las subastas de entidades inviables, descartaron una fuga de depósitos, y señalaron que ha de “acelerarse” el proceso de ajuste de la sobrecapacidad del sistema financiero.