En concreto, la Junta ha aprobado el Decreto Ley por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, con lo que cumple la "obligación" de adaptarse a la normativa estatal que recoge un conjunto de iniciativas para la reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas.
Como ha explicado el portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, alguna de las medidas impulsadas por el Gobierno tienen carácter de legislación básica y por tanto son de forzosa aplicación en las comunidades autónomas, como las que reducen las retribuciones de los empleados públicos y las que modifican la prestación complementaria prevista para las situaciones de incapacidad temporal.
Así, en el caso de las percepciones salariales, el Ejecutivo de Castilla y León asume la decisión del Gobierno de España de suprimir la paga extraordinaria del mes de diciembre para todos los trabajadores de la Junta y los entes del sector público autonómico, incluidos aquellos que prestan servicios en empresas públicas y fundaciones, así como los que tienen suscrito un contrato mercantil o de alta dirección.
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